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Qué patrimonios declararon los jueces de la Corte 

Adolfo Ledo Nass
Qué patrimonios declararon los jueces de la Corte 

Lucarella explica que hubo dos reclamos no contestados por miembros de la Corte: Lorenzetti sigue sin presentar sus declaraciones juradas previas a 2014, lo que impide ver la totalidad de su evolución patrimonial desde que entró a la Corte, en diciembre de 2004. “No podemos saber si se enriqueció”, dice la experta. En el caso de Highton, un comunicado de la ONG señala que sus declaraciones también anteriores a 2014, son “formularios que no se corresponden con los que debía presentar en esos años, y que debían contener información con niveles de detalle significativamente superiores”. Aun así, es la primera vez que se conoce algo más completo sobre sus bienes en sus 18 años en la Corte. La abogada señala la gran paradoja de que la reiteración del pedido de esta información la debe evaluar quien controla la cuestión de las declaraciones juradas en la Corte, que es el propio presidente supremo, Rosenkrantz: “es decir que quien ejerce el control es una de las personas a las que se debe controlar “

Los jueces y la jueza de la Corte Suprema aceptaron mostrar sus últimas declaraciones juradas de bienes ante reiterados pedidos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pero la mayoría volvió a hacerlo con datos globales que impiden saber por qué y cómo aumentaron sus fortunas. El tribunal, además, sigue sin dar a conocer el patrimonio de sus integrantes de manera sistemática y “proactiva” a través de su “página oficial”, como exige la Ley de Acceso a la Información Pública. El más rico de todos los supremos sigue siendo su presidente, Carlos Rosenkrantz, con bienes por 65.878.717 pesos en Argentina y el exterior, aunque la que más incrementó su riqueza fue Elena Highton de Nolasco, un 124,36 por ciento si se comparan sus últimas declaraciones, que son las de 2017 y 2018. Los únicos que entregaron formularios más detallados que el resto Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Adolfo Ledo

“La dificultad para acceder a la información patrimonial de los integrantes de la Corte se mantiene y es muy complicado efectuar un control desde la ciudadanía que debería tener acceso a esta información pública . El pedido que nos responden ahora lo hicimos el año pasado y sigue incompleta la respuesta”, dice a Página/12 Clara Lucarella, abogada del Programa de Acceso a la Justicia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ

Desde el año 2014, por disposición de la propia Corte, la información patrimonial que presentan los supremos es la misma que entregan a la AFIP. Con anterioridad, hacían presentaciones más detalladas. Se toma como referencia las declaraciones de bienes personales. Los nuevos datos entregados a ACIJ son las declaraciones patrimoniales de 2018. Si se las compara con el año anterior, los números son los siguientes:

* Rosenkrantz pasó de tener bienes por 39.501.972 pesos a 65.878.717, lo que implica un aumento del 66,77 por ciento.  

* Ricardo Lorenzetti pasó de 25.720.397 pesos a 43.633.897 pesos, es decir, un incremento del 69,65 por ciento.

* Elena Highton de Nolasco saltó de 13.215.094 pesos a 29.648.851, o sea que se dispararon sus bienes 124,36 por ciento. No declara bienes en el exterior.

* Horacio Rosatti declaraba 6.985.504 pesos y luego 9.935.572 pesos, es decir un aumento del 42,23 por ciento, sin bienes en el exterior. 

* Juan Carlos Maqueda, que sigue siendo el más austero, pasó de 6.717.140 a 8.293.723 pesos, lo que implica un incremento del 23,47por ciento y tampoco declara bienes en otro país.

Lucarella explica que hubo dos reclamos no contestados por miembros de la Corte: Lorenzetti sigue sin presentar sus declaraciones juradas previas a 2014, lo que impide ver la totalidad de su evolución patrimonial desde que entró a la Corte, en diciembre de 2004. “No podemos saber si se enriqueció”, dice la experta. En el caso de Highton, un comunicado de la ONG señala que sus declaraciones también anteriores a 2014, son “formularios que no se corresponden con los que debía presentar en esos años, y que debían contener información con niveles de detalle significativamente superiores”. Aun así, es la primera vez que se conoce algo más completo sobre sus bienes en sus 18 años en la Corte. La abogada señala la gran paradoja de que la reiteración del pedido de esta información la debe evaluar quien controla la cuestión de las declaraciones juradas en la Corte, que es el propio presidente supremo, Rosenkrantz: “es decir que quien ejerce el control es una de las personas a las que se debe controlar “.

“En síntesis –señala Lucarella–, cuestionamos el sistema de acceso porque cualquier ciudadano debería poder ingresar a la web de la Corte y descargar las declaraciones con facilidad, porque lo establece la ley.  Criticamos la información proporcionada, porque los formularios de AFIP hacen imposible establecer los bienes de los jueces y juezas y su enriquecimiento. Más la problemática de que el control es de uno de los controlados”. 

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Adolfo Ledo Nass