Foto: captura de pantalla Instagram: @virguezfranklin El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concretó el retorno forzoso a territorio venezolano de Rafael José Quero Silva, antiguo responsable del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con base en Barquisimeto, estado Lara. Durante su gestión, organizaciones defensoras de derechos humanos y manifestantes lo responsabilizaron de tolerar o dar órdenes directas para agredir a ciudadanos detenidos por motivos políticos en los ciclos de protestas de los años 2013 y 2014. Los expedientes y testimonios del caso detallan que los subordinados bajo su mando incurrieron en prácticas sistemáticas de violencia extrema, tales como golpizas severas, uso de descargas eléctricas, intimidaciones y tratos degradantes. Como parte de las acciones legales, un grupo de cinco ciudadanos venezolanos interpuso una demanda civil en una corte federal estadounidense, exigiendo justicia por las torturas sufridas bajo custodia castrense. De acuerdo con los registros judiciales ventilados por medios de comunicación, las agresiones incluyeron ataques con armas de fuego a quemarropa. Entre los casos documentados figura una víctima que sufrió un impacto de bala en la zona abdominal y otras que recibieron disparos a corta distancia. Los querellantes también describieron un patrón de humillaciones y vejaciones psicológicas tan severas que una de las víctimas admitió haber tenido ideación suicida a raíz del trauma. Medida de expulsión La medida de expulsión se ejecutó el 19 de agosto, acatando un fallo dictado por un magistrado migratorio adscrito al Departamento de Justicia de EE. UU. En la operación logística y de traslado participaron de manera coordinada la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, agentes de ICE en esa misma ciudad y la unidad especializada en la persecución de violadores de derechos humanos y criminales de guerra. Las autoridades estadounidenses habían capturado a Quero Silva
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