Pero como ha expresado la ministra de Salud, Carolina Corcho, la reforma tiene como objetivo transformar el sistema estructural del sector
Si bien, pese a las críticas de algunos sectores, buena parte del país le reconoce a Gustavo Petro que durante los primeros cien días de su Gobierno ha adelantado reformas importantes, todos están de acuerdo en que el 2023 será de grandes retos.
De hecho, los analistas consultados coinciden con que el mayor desafío que tiene el Presidente en este momento está relacionado con la situación económica del país.
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El sociólogo de la Universidad del Rosario Carlos Charry considera que la inflación podría traer graves conflictos sociales, “porque habrá mucha insatisfacción en todos los sectores por la subida de los precios en los productos de la canasta familiar, los servicios públicos y la gasolina”.
Agrega que aunque ya se evidencia ese fenómeno, “puede que para el próximo año empiecen a presenciar movilizaciones masivas en contra del Gobierno“, por lo que deberá “tener una estrategia clara para contrarrestar la problemática”.
En el mismo sentido, Jorge Yarce analista político de la Universidad Central, señala que el gran reto está en “lograr una estabilización en el cambio respecto al dólar y evitar una mayor inflación interna con una consecuente devaluación del peso”. Explica que esto “tiene muchas consecuencias a nivel nacional y por lo tanto debe ser uno de los pilares fundamentales”.
Así como lograr una cohesión entre los ministerios de “Hacienda, Minas y Salud, que es donde se pueden ver mayores impactos en los capitales nacionales y extranjeros en la inversión y, por ende, en el desarrollo económico”, dice el analista.
Asimismo, el politólogo Alejandro Echeverry añade que el mundo entrará en una recesión económica, por lo que será fundamental la forma en la que se manejen las variables macroeconómicas, tanto del Banco de la República, como del Ministerio de Hacienda para determinar su mitigación”.
De otro lado, sigue habiendo mucha expectativa en la forma en la que se desarrollará la Ley de Paz Total, porque aunque el trámite del proyecto avanzó con cierta dificultad en el Legislativo, finalmente fue sancionado por el Presidente tras ser aprobada su conciliación por Cámara y Senado.
Al respecto, Yarce indica que el Gobierno deberá establecer un lenguaje contundente que le permita disponer rutas de trabajo que impacten en el territorio nacional, y resalta que las negociaciones con los actores armados deberán desarrollarse con “legalidad, pero sobre todo sin impunidad, para que garantice la construcción de paz”.
Además de iniciar cuanto antes el diálogo con el ELN, “el Ejecutivo tiene muy poco tiempo, Juan Manuel Santos tuvo seis años y casi no puede con él, entonces es urgente que arranque”.
De su lado, Charry explica que cuando inicien las negociaciones, “será de mucha polémica y desgaste político el tratamiento que se les dé a los antiguos miembros de las Farc que firmaron el Acuerdo de La Habana y que posteriormente salieron”.
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Sin embargo, Yarce señala que “la idea de Paz Total todavía no queda muy clara para el sector de seguridad y defensa por la tasa de homicidios, que aunque es baja, no dejan de preocupar los crímenes de alto impacto”.
En el margen de las reformas, el analista reitera que la de la salud genera bastante incertidumbre y será un gran reto para Petro por todo lo que implicará para el sistema.
Cuenta que, según un informe reciente, “el sistema de salud de Colombia figura como uno de los mejores, basándose en su capacidad para llegar a la ciudadanía sin importar sus facultades económicas”.
Pero como ha expresado la ministra de Salud, Carolina Corcho, la reforma tiene como objetivo transformar el sistema estructural del sector.
Eso generará grandes impactos nacionales, porque “el sistema abarca mucho; están los prestadores de salud que son las IPS y las EPS, que son intermediarias un poco ‘diabólicas’, además de las aseguradoras y reaseguradoras. Todo eso está ligado al sistema financiero, así que cualquier alteración que se haga impactará en el sistema económico”, dijo el analista Yarce.
Por otro lado, con el paso de las reformas por el Congreso, Charry distingue otro desafío para Gustavo Petro y es que las iniciativas que ha planteado han pasado “recortadas y reformadas”.
Se vio con la Paz Total, a la que se le cayeron varios artículos, y la reforma tributaria, que “el Gobierno anuncia como un triunfo, pero que si se evalúa lo que inicialmente planteó y lo que se aprobó, hay diferencias importantes”, aseguró el sociólogo.
Lo anterior podría generar que la reforma a la salud tampoco tenga un recorrido vencedor, por lo que Petro deberá evaluar la “rebeldía de algunos grupos políticos que se consideran partidos de Gobierno y la fuerte tensión que presenta el propio Pacto Histórico, que podría poner a tambalear las iniciativas del mandatario”.
Y para el Valle “Manifestamos nuestra preocupación frente a la situación de la vía Cali-Loboguerrero y hacemos un llamado al Gobierno a acelerar los esfuerzos”, expresó Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial del Valle.
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Así como los ocho mil afiliados que representa el Comité, las fuentes consultadas coinciden en que es fundamental la intervención de esa carretera que “está cortada actualmente por fenómenos medioambientales asociados al invierno”, dijo Charry.
De otro lado, el representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Duvalier Sánchez considera que con lo que se recaude en la reforma tributaria, el departamento espera “la contrapartida para los proyectos estratégicos como el tren de cercanías con una cofinanciación del 70 %”.
La directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa, está de acuerdo con el representante y señala que también esperan el apoyo del Presidente para darle sostenibilidad al Sistema de Transporte Masivo, MÍO.
Además que “el Gobierno decida cómo va a ser el dragado del puerto de Buenaventura. Si será por obra pública o si será por una concesión”, dijo Ulloa.
La seguridad es otra prioridad entre las fuentes que indican que el Gobierno del ‘cambio’ no ha logrado establecer un cambio real en los territorios”, plantea Yarce. Explica que “las cifras de persecución, amenaza y muerte de líderes sociales, ambientales y de otros actores continúan, por lo que se debe intervenir particularmente en esa situación”.
